La muerte de Ellen Mulvey ha reabierto en Reino Unido el debate sobre la regulación del juego y sobre la capacidad real de los mecanismos de protección para frenar conductas problemáticas. Tras la investigación forense, su familia ha pedido una reforma amplia del sector, al considerar que el sistema actual no impidió que la afectada siguiera apostando incluso después de haberse autoexcluido.
Mulvey, de 44 años, desarrollaba su carrera como directora general en una firma internacional de selección financiera con sede en Londres. De puertas afuera mantenía una trayectoria profesional sólida, pero según los testimonios recogidos en el proceso judicial, convivía en secreto con una adicción al juego que habría provocado pérdidas de cientos de miles de libras.
La familia sitúa el origen del problema en 2018, a partir del análisis de sus movimientos bancarios. Primero habría jugado con operadores regulados y, más adelante, con plataformas sin licencia y fuera del alcance de los controles británicos. Antes de su fallecimiento dejó una nota en la que describía la adicción como “la peor enfermedad”.
Durante la vista, familiares y allegados describieron a Mulvey como una persona generosa, cercana y muy volcada en los demás. Su hermana Katie Styring y su pareja, Deanne Tomkins, explicaron que esa dimensión personal contrastaba con el deterioro económico y emocional asociado a una conducta de juego persistente.
También se destacó su perfil profesional y social. En su entorno laboral era reconocida por su implicación en iniciativas de diversidad y mentoría. Esa doble realidad, una imagen pública de liderazgo y una adicción mantenida en privado, aparece en el caso como uno de los factores que agrandaron el aislamiento, la culpa y el miedo a que la situación se hiciera visible.
En el ámbito familiar, los testimonios insistieron en que era una figura muy presente en la vida cotidiana de su hogar. Su pareja relató que priorizaba los planes familiares, las comidas compartidas y el tiempo con el hijo pequeño de la familia. Ese contraste entre la vida diaria y la escalada del problema refuerza la idea de que la ludopatía puede avanzar sin señales evidentes para el entorno cercano.
Uno de los puntos centrales del caso fue su registro en Gamstop en 2022. Este sistema de autoexclusión bloquea el acceso a webs de juego con licencia en Reino Unido, pero no actúa sobre operadores no regulados o radicados en otros mercados. Según lo escuchado en la investigación, Mulvey recurrió precisamente a esas plataformas en la etapa final de su vida, llegando a perder unas 10.000 libras en sus últimas semanas.
Para la familia, ahí queda expuesta una debilidad estructural del modelo de protección: las barreras funcionan dentro del perímetro regulado, pero pierden eficacia cuando el usuario migra a páginas offshore. Desde una perspectiva de producto y mercado, el caso pone el foco no en una mecánica concreta de juego, sino en la facilidad de acceso, en la continuidad de la oferta y en la falta de fricción efectiva cuando ya existe un historial de riesgo.
Tomkins sostuvo que el daño asociado al juego, tanto legal como no regulado, no está siendo tratado con la gravedad suficiente. En su opinión, el sistema debería proteger al usuario desde la primera exposición hasta las recaídas, con un enfoque más cercano al de salud pública que al de simple supervisión comercial.
La especialista en adicciones Clare Gerada, fundadora del NHS Primary Care Gambling Service, aportó evidencia escrita al procedimiento. Señaló que sentimientos como culpa, vergüenza y falta de autoestima son frecuentes en personas con trastorno de juego, y encajan con el patrón observado en este caso.
Al cerrar la investigación, la forense Elizabeth Wheeler concluyó que la muerte fue un suicidio y señaló que Mulvey estaba sometida a varios factores de presión, entre ellos problemas financieros, cuestiones vinculadas a relaciones previas y dificultades relacionadas con el juego. La resolución indicó además que el trastorno de juego tuvo un papel parcial en el desenlace.
Qué expone este caso sobre el sistema de control
La autoexclusión regulada no alcanza a operadores sin licencia.
El paso desde el mercado legal al offshore reduce la eficacia de las herramientas de protección.
La carga psicológica asociada a la ludopatía puede permanecer oculta incluso en perfiles profesionales estables.
La familia reclama una respuesta institucional más amplia, con enfoque sanitario y preventivo.
Más allá del impacto humano, el caso vuelve a situar en primer plano una cuestión de fondo para el sector: cómo limitar el acceso a entornos de juego cuando los mecanismos de exclusión dejan de ser interoperables y cuando la oferta no regulada sigue disponible con pocos obstáculos reales.
Créditos de las ilustraciones: PA
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