China prepara para septiembre la puesta en marcha de una alianza internacional de aplicación de la ley enfocada en combatir el fraude por telecomunicaciones y las estafas online. Según el Ministerio de Seguridad Pública, más de 40 países ya han mostrado interés en sumarse a la iniciativa.
El anuncio se realizó el 24 de julio y la ceremonia fundacional está prevista durante la Conferencia 2026 del Foro Global de Cooperación en Seguridad Pública, en Lianyungang, provincia de Jiangsu.
De acuerdo con Jiang Guoli, director de la Oficina de Investigación Criminal del ministerio, el nuevo organismo funcionará como una estructura intergubernamental con amplia participación de cuerpos policiales de distintos países.
El objetivo es facilitar el intercambio de inteligencia y coordinar acciones contra redes criminales que operan a través de varias jurisdicciones. Para Pekín, este tipo de fraude figura entre las prioridades de seguridad pública dentro de su 15º Plan Quinquenal para el periodo 2026-2030.
Las autoridades chinas sostienen que la mayor parte de estas operaciones se desarrolla actualmente fuera del país, aunque por ahora no han detallado qué Estados podrían integrarse ni cómo se articulará la toma de decisiones dentro de la alianza.
Refuerzo regional contra redes transfronterizas
China ha intensificado en los últimos años su cooperación con gobiernos de Asia y otras regiones a medida que los centros de fraude han desplazado su actividad más allá de sus fronteras.
Desde 2023, la colaboración con Myanmar ha permitido detener y transferir a China a más de 59.000 presuntos implicados, además de desarticular cuatro organizaciones criminales en la región de Kokang, al norte del país.
En 2025, China también activó un mecanismo de coordinación ministerial con Myanmar y Tailandia. Desde entonces, los tres países han ejecutado 10 operaciones conjuntas de repatriación.
Entre las acciones más visibles figura la demolición de más de 630 edificios relacionados con el complejo fraudulento KK Park, en Myawaddy, Myanmar.
En paralelo, fuerzas policiales de China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo en 2026 su primera operación conjunta contra este tipo de fraude. El operativo terminó con nueve centros desmantelados y 276 arrestos.
La cooperación con Camboya y Laos también ha derivado en detenciones y repatriaciones, mientras que los operativos junto a Tailandia, Vietnam y otros países asiáticos ya acumulan más de 20.000 sospechosos arrestados y devueltos.
Un informe reciente de Naciones Unidas vinculó esta economía regional de estafas con grupos de crimen organizado que operan desde complejos situados en áreas fronterizas y zonas económicas especiales. El análisis apunta especialmente a organizaciones transnacionales de origen chino con infraestructura a escala industrial en Myanmar, Camboya y Laos.
Para el ecosistema del betting, este endurecimiento regulatorio y policial resulta relevante porque muchas de estas investigaciones conectan las estafas online con negocios de juego ilegal, especialmente en plataformas y centros operativos instalados fuera de los mercados regulados.
Camboya endurece su ofensiva sobre centros de estafa
Camboya se ha convertido en uno de los principales focos de las acciones regionales, después de que las autoridades detectaran actividad fraudulenta en casinos con licencia y en otros inmuebles comerciales.
El primer ministro Hun Manet aseguró que su gobierno mantendrá la presión sobre los grupos criminales y que el país busca dejar de ser un entorno atractivo para las estafas online.
Además, Phnom Penh prevé organizar una conferencia internacional sobre este fenómeno con representantes de China y Estados Unidos. El director del FBI, Kash Patel, ya ha aceptado enviar una delegación.
Camboya aprobó en abril su Ley para Combatir las Estafas Online y, desde entonces, ha ampliado las redadas en varias provincias.
Según las autoridades, se han cerrado 737 centros de estafa en todo el país. También se revisaron 195 casinos con licencia y se detectó que 72 de ellos operaban centros fraudulentos, lo que derivó en revocaciones de licencias y congelación de activos.
La campaña ha generado 268 expedientes y ha llevado ante los tribunales a 2.773 sospechosos. A ello se suma la detención y extradición en enero de Chen Zhi, fundador de Prince Group.
Las inspecciones de residencia provocaron además la deportación de más de 30.000 extranjeros, mientras que un control más estricto sobre los reportes inmobiliarios llevó a otros 210.000 ciudadanos extranjeros a abandonar el país.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han puesto en duda la gestión camboyana del problema y han señalado indicios de abusos, así como la renovación de licencias para varios casinos presuntamente vinculados a estas actividades.
Más presión sobre funcionarios y zonas económicas especiales
Las autoridades camboyanas también están revisando si hubo funcionarios que omitieron actuar contra estos complejos o que mantuvieron vínculos directos con redes criminales.
Hun Manet sostuvo que las zonas económicas especiales deben quedar sujetas al mismo marco legal que cualquier otra empresa o propiedad. Aseguró, sin embargo, que por ahora no se ha encontrado evidencia que implique directamente a estas zonas en Camboya.
El gobierno insiste en proteger las zonas económicas legítimas por su peso en la inversión extranjera y la actividad industrial, al tiempo que promete sanciones cuando haya pruebas de cobertura a estructuras delictivas.
Respecto a las sanciones estadounidenses contra los senadores Ly Yong Phat y Kok An, el primer ministro evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto y señaló que ambos están defendiendo su posición por la vía legal.
Hun Manet añadió que su administración sí ha actuado contra cargos públicos cuando las investigaciones encontraron indicios de relación con actividades ilícitas. De hecho, ya se han producido destituciones de gobernadores provinciales y comisionados policiales por una respuesta insuficiente ante las estafas.
En este escenario, la futura alianza promovida por China aspira a dar un marco más amplio a las actuales operaciones bilaterales y multilaterales. Su impacto real dependerá de la adhesión de países donde hoy operan estas redes y de la capacidad de compartir información útil entre jurisdicciones.
Desde la óptica del mercado, el movimiento apunta a una mayor coordinación internacional frente al fraude digital y al juego online ilegal, dos frentes que cada vez aparecen más conectados en la agenda regulatoria asiática.
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