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Argentina

Argentina impulsa un proyecto de ley contra el juego ilegal y refuerza controles sobre menores

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El gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso argentino un nuevo proyecto sobre juego online con un foco más definido: acceso de menores, operadores no autorizados y tratamiento de la ludopatía. A diferencia de otras propuestas más amplias que ya circularon en el plano legislativo, esta iniciativa no avanza con la misma dureza sobre publicidad, bonos de bienvenida o patrocinios deportivos.

El eje del proyecto: juego ilegal y salud pública

Según lo anunciado por el Ejecutivo, el texto fue trabajado junto con Sedronar y el Ministerio de Salud. La propuesta busca convertir la prevención y el abordaje de la adicción al juego en una política pública nacional, al tiempo que prohíbe el acceso de menores a plataformas de juego online.

En la práctica, esto elevaría el estándar de cumplimiento para los operadores con licencia. La verificación de edad y de identidad dejaría de ser un requisito secundario para convertirse en un punto central de supervisión regulatoria.

Además, el proyecto endurece el tratamiento penal para quienes operen sistemas de juego online sin autorización. Las penas previstas irían de tres a seis años de prisión, con agravantes si la actividad involucra o apunta a menores de edad.

Más presión sobre pagos, dominios y servicios vinculados

Uno de los aspectos más relevantes del texto es que amplía el frente de control más allá del operador. Una figura propuesta en el articulado alcanzaría también a empresas o personas que, con conocimiento, presten servicios financieros, tecnológicos, digitales o publicitarios a plataformas ilegales.

El esquema de aplicación repartiría funciones entre distintos organismos:

  • ENACOM podría bloquear contenido de juego no autorizado.

  • El Banco Central actuaría sobre pagos realizados desde cuentas de menores.

  • La CNV supervisaría a proveedores de activos virtuales vinculados con apuestas ilegales.

  • NIC Argentina tendría facultades para suspender dominios usados por sitios del mercado negro.

Para el usuario, este enfoque podría traducirse en procesos más estrictos de registro, mayores controles al momento de iniciar sesión y validaciones más lentas en ciertos pagos. Aunque eso añade fricción operativa, también apunta a separar con más claridad la oferta licenciada de los sitios sin respaldo regulatorio.

La publicidad sigue siendo el punto pendiente

El nuevo proyecto no replica el alcance de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024. Aquel texto incluía restricciones más amplias sobre anuncios de apuestas online, promociones con influencers, bonos de bienvenida y patrocinios en el fútbol.

En cambio, la versión impulsada ahora por el Ejecutivo se concentra en el juego ilegal y la protección de menores, dejando fuera de las restricciones más severas a la publicidad legal, las ofertas promocionales y los acuerdos de sponsoreo deportivo.

Ese recorte abre una discusión política importante. Para sus críticos, la iniciativa evita intervenir sobre uno de los motores comerciales más visibles del mercado. Para sus defensores, el orden de prioridades debería empezar por los operadores clandestinos, que ya actúan al margen de cualquier regla.

Qué significa para el mercado argentino

El debate tiene una particularidad regulatoria que conviene no perder de vista: Argentina no cuenta con una ley nacional única de juego online, aunque 20 de sus 24 jurisdicciones ya tienen marcos regulatorios en funcionamiento o esquemas habilitados. Por eso, cualquier avance a nivel federal convive con un mapa subnacional que ya opera con reglas propias.

Desde la perspectiva del jugador, el proyecto puede profundizar la diferencia entre plataformas licenciadas y sitios ilegales. Es esperable ver más controles de identidad, más dominios bloqueados y más exigencias para que los operadores prueben que no permiten el ingreso de menores.

La incógnita de fondo sigue siendo si Argentina avanzará después sobre la exposición publicitaria permanente del juego en deporte, redes sociales y bonos promocionales. Por ahora, la prioridad oficial está puesta en el mercado ilegal. La discusión sobre publicidad todavía no tiene cierre.

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