Chile se enfrenta a un problema cada vez más visible en su ofensiva contra las casas de apuestas online sin licencia: bloquear dominios no está siendo suficiente para sacar del mercado a los operadores offshore. Mientras la Justicia exige medidas más firmes, también crece la presión política para avanzar hacia un marco regulado en lugar de depender solo de restricciones técnicas.
Subtel reconoce las dificultades del bloqueo
La estrategia de cierre de accesos ha entrado en una fase compleja. El Tribunal Supremo ordenó restringir sitios de apuestas no autorizados, las telecomunicaciones recibieron instrucciones para actuar y, aun así, la aplicación práctica sigue lejos de ser definitiva.
Según lo expuesto ante el Congreso, varios operadores eluden los primeros bloqueos cambiando de dominio con rapidez. En la práctica, la medida termina apuntando a una URL concreta, pero no necesariamente al negocio que sigue operando detrás. Para el usuario, esto se traduce en una experiencia confusa: una web deja de abrir en una dirección y reaparece bajo otra en muy poco tiempo.
Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones, explicó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que Subtel no fue parte directa del litigio, por lo que su papel se limita principalmente a la coordinación técnica y no a una ejecución integral. Entre las herramientas analizadas figuran mecanismos como la inspección profunda de paquetes o bloqueos por palabras clave, aunque estas opciones implican mayores costes, complejidad operativa y debate sobre libertades civiles.
La Justicia reclama mayor eficacia
La presión judicial continúa. En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo acogió un recurso presentado por Lotería de Concepción y ordenó a los proveedores de internet bloquear el acceso a sitios de apuestas deportivas online que operaban sin autorización legal. El criterio del tribunal fue claro: en Chile, solo pueden ofrecer este tipo de apuestas las empresas habilitadas por ley.
Sin embargo, el problema se trasladó rápidamente a los dominios espejo. En abril de 2026, el Supremo revocó una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que había dado por cumplida la orden inicial, pese a que las plataformas seguían accesibles mediante URLs alternativas. El caso volvió a revisión para exigir un cumplimiento más efectivo frente a estas réplicas digitales.
Desde la óptica del mercado, el punto es evidente: bloquear un dominio es relativamente sencillo; impedir de forma sostenida que una marca offshore siga visible para el usuario chileno resulta mucho más difícil. Esta situación genera incertidumbre para los jugadores, especialmente cuando no está claro quién responde si surgen incidencias con pagos, retiros o condiciones de uso.
El Congreso mantiene abierta la opción regulatoria
Frente a estas limitaciones, la alternativa más ordenada sigue siendo la regulación. Chile ya dispone de una base legislativa para ello: el proyecto de ley 14.838-03, presentado el 7 de marzo de 2022, continúa en su segundo trámite constitucional. Además, el 6 de mayo de 2026 volvió a recibir calificación de "suma urgencia".
La propuesta contempla la creación de un sistema de licencias para operadores online, la ampliación de atribuciones del regulador del juego y la incorporación de reglas específicas en materia fiscal, publicitaria y de protección al usuario. De acuerdo con reportes sectoriales recientes, el texto incluye un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos, IVA, una contribución del 1% destinada al juego responsable y facultades de control sobre operadores no autorizados y sus flujos de pago.
Para el consumidor, este punto es relevante porque un mercado regulado suele ofrecer:
- canales de reclamación más claros,
- mayores exigencias de verificación y control de cuentas,
- normas publicitarias definidas,
- y más transparencia sobre quién opera realmente la plataforma.
Eso no elimina por completo los riesgos propios del betting, pero sí puede reducir la presencia de operadores opacos y mejorar la trazabilidad del servicio.
El gobierno de Kast recibe un escenario incómodo
El presidente José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo de 2026, heredó este debate en un contexto de ajuste fiscal y necesidad de acuerdos legislativos. Poco después de su llegada al poder, su administración impulsó recortes de gasto cercanos a los 4.000 millones de dólares, incluyendo una reducción general del 3% en partidas presupuestarias.
Ese entorno vuelve al juego online un asunto políticamente sensible. Por un lado, una regulación podría abrir una nueva vía de ingresos tributarios. Por otro, obligaría al Ejecutivo a definir criterios sobre licencias, tratamiento de operadores offshore que ya captaron usuarios en Chile y posible protección a actores históricos como Polla Chilena o Lotería de Concepción.
Bloqueo técnico o regulación: dos caminos con costes distintos
Chile se mueve hoy entre dos opciones imperfectas. La primera es sostener una estrategia de bloqueo judicial y técnico que, de momento, muestra grietas frente a la facilidad con la que surgen nuevos dominios. La segunda es consolidar un mercado regulado, con reglas, fiscalidad y supervisión, aunque eso implique tensiones políticas y empresariales.
Desde una perspectiva de industria, el debate ya no gira solo en torno a cerrar accesos, sino a decidir si el país quiere seguir reaccionando frente a operadores sin licencia o pasar a estructurar un marco estable para las apuestas online. Para los usuarios, la diferencia es sustancial: en un escenario predominan errores de acceso e incertidumbre; en el otro, al menos existe una hoja de ruta regulatoria y mayores garantías de mercado.
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