La disputa judicial abierta en Brasil sobre el impacto de las apuestas de cuota fija en el sistema público de salud sumó un nuevo paso procesal. La 6ª Corte Federal de Pernambuco ordenó al Gobierno federal precisar, en un plazo de 30 días, cómo vincula la actividad de 17 operadores autorizados con los supuestos perjuicios económicos sufridos por el Sistema Único de Saúde (SUS).
La decisión fue firmada por el juez Helio Silvio Ourem Campos, quien pidió a la Abogacía General de la Unión (AGU) corregir y ampliar la demanda inicial. En concreto, el magistrado reclamó una explicación objetiva sobre la relación entre la operación de esas casas de apuestas y los costos sanitarios que el Estado busca recuperar.
El expediente, identificado como el caso No. 0074433-17.2026.4.05.8300, fue presentado el 28 de septiembre y recibió resolución preliminar al día siguiente.
Qué reclama el Gobierno de Brasil
La AGU pretende que las empresas demandadas reintegren los gastos que el SUS habría asumido en los últimos cinco años por daños asociados al juego, además de cubrir eventuales costos futuros. También pidió la restitución en doble de los importes apostados por personas diagnosticadas con ludopatía.
Por ahora, el pedido de medida cautelar todavía no fue analizado por el juzgado.
Entre las compañías alcanzadas figuran Betano, Bet365, Superbet, Sportingbet, Esportes da Sorte y Onabet, Blaze, Betnacional, Estrelabet, 7K y Cassino, 7Games y Betão, Vaidebet, H2 Bet, Pixbet, Novibet, Bullsbet, Betfair y KTO.
Qué información exige el juez
El magistrado consideró que la presentación ofrece una base general para el reclamo, pero que todavía necesita mayor delimitación para definir correctamente el objeto del proceso y garantizar el debido contradictorio.
En ese marco, la AGU deberá detallar:
- qué afecciones o cuadros de salud quedarían comprendidos en la demanda;
- cómo se determinará que esos daños están vinculados al juego;
- qué gastos públicos concretos busca recuperar;
- si el reclamo incluye solo desembolsos federales directos o también transferencias a estados y municipios;
- qué bases de datos, registros administrativos, partidas presupuestarias o sistemas se usaron para estimar los costos;
- cómo aplicará la Fracción Atribuible Poblacional con criterios epidemiológicos y temporales;
- qué parámetros objetivos utilizará para distribuir responsabilidad entre operadores bajo la teoría de cuota de mercado;
- y cuál es exactamente el período reclamado, incluyendo posibles daños futuros.
El debate metodológico detrás del reclamo
La AGU citó estudios preliminares del Ministerio de Salud que estiman pérdidas para el SUS de al menos R$ 2.600 millones. Sin embargo, la orden judicial exige ahora explicar con claridad cómo se llegó a ese cálculo.
Este punto es central para el desarrollo del caso, porque la discusión ya no pasa solo por el monto reclamado, sino por la solidez técnica de la metodología empleada para atribuir al mercado regulado de apuestas un costo específico en salud pública.
Además, el juez pidió corregir referencias incluidas en la demanda sobre “enfermedades atribuibles a los cigarrillos” y aclarar si se trató de un error material. Esa redacción sugiere que parte del planteo pudo haberse apoyado en un esquema similar al que el Estado brasileño ya utilizó en acciones previas contra la industria tabacalera.
Qué sigue en el proceso
Una vez que el Gobierno presente la versión corregida de la demanda, el expediente volverá al despacho del juez para nuevas definiciones, entre ellas la eventual evaluación de la cautelar solicitada.
Desde la perspectiva regulatoria brasileña, el caso puede convertirse en una referencia relevante para medir hasta dónde puede avanzar el Estado en la atribución de responsabilidades económicas a operadores con autorización vigente dentro del mercado de apuestas de cuota fija.
