El gobierno del Reino Unido ultima un paquete de reformas de control y ordenamiento urbano con el que busca ampliar de forma relevante las facultades de los ayuntamientos sobre los negocios que pueden abrir en las calles comerciales.
La iniciativa apunta directamente a las casas de apuestas, los adult gaming centres (AGC) y también a los comercios de cigarrillos electrónicos y vapeadores. El objetivo oficial es frenar actividades problemáticas y dar a las autoridades locales más capacidad para definir el perfil comercial de cada zona.
Fin de la presunción favorable para nuevos locales
Según lo adelantado inicialmente por la BBC, el Ejecutivo eliminará la regla conocida como aim to permit para las casas de apuestas y las salas de máquinas abiertas 24 horas en Gran Bretaña. En la práctica, esto suprime la lógica regulatoria que favorecía conceder permisos a este tipo de establecimientos.
Además, en Inglaterra los AGC con acceso continuo a máquinas de juego pasarán a necesitar autorización urbanística específica. La misma exigencia se aplicará a cualquier nuevo comercio minorista que quiera vender cigarrillos electrónicos o productos de vapeo antes de iniciar operaciones.
El primer ministro Andy Burnham defendió la reforma en redes sociales y sostuvo que las comunidades locales y los concejos tendrán mayor control sobre qué negocios abren en sus barrios. En ese mensaje, calificó a las casas de apuestas y a las tiendas de vapeo como negocios cuestionables.
El anuncio formal del paquete normativo, de acuerdo con el artículo, debía producirse más tarde durante la jornada.
Respuesta mixta del sector y de los gobiernos locales
La propuesta generó reacciones divididas entre representantes de la industria y actores del ámbito municipal. Aunque existe apoyo a reforzar herramientas contra operadores irregulares, varios interlocutores advirtieron que los cambios de planeamiento por sí solos no resolverán el deterioro estructural de los centros urbanos.
La BGC respalda más voz local, pero rechaza el enfoque del gobierno
El Betting and Gaming Council (BGC) dijo respaldar una mayor participación de las comunidades y de los ayuntamientos en decisiones sobre la calle comercial. Sin embargo, rechazó la idea de que las casas de apuestas se estén expandiendo sin control.
Según la entidad, el número de locales de apuestas cayó más de un tercio desde 2019. En ese periodo habrían cerrado alrededor de 3.000 establecimientos y se habrían perdido más de 15.000 empleos.
El organismo también defendió que los puntos de venta autorizados operan bajo un marco regulado y con licencia, por lo que no deberían equipararse con negocios ilegales o criminales. Añadió que este canal aún sostiene decenas de miles de puestos de trabajo y sigue generando tráfico para otros comercios vecinos.
Los municipios valoran más herramientas para intervenir
Desde la Local Government Association, la medida fue descrita como un paso positivo para que los concejos puedan actuar frente a establecimientos considerados problemáticos. La organización entiende que mayores atribuciones ayudarían a rediseñar las calles comerciales, regular mejor ciertos rubros y reutilizar locales vacíos.
Críticas por equiparar apuestas reguladas con tiendas de vapeo
La consultora de cumplimiento Kirsty Caldwell, de Betsmart, cuestionó con dureza la comparación hecha por el gobierno entre casas de apuestas con licencia y tiendas de vapeo.
En su valoración, el sector del juego presencial invierte millones en controles regulatorios y en medidas de protección al consumidor. También recordó que los locales de apuestas forman parte del paisaje comercial británico desde la década de 1960, por lo que no pueden presentarse como un fenómeno nuevo que desfigure por sí mismo la calle principal.
Caldwell añadió que se trata de una actividad que aporta miles de millones en recaudación fiscal y genera más de 100.000 empleos en todo el país, por lo que consideró inapropiado ubicarla al mismo nivel que actividades sin control regulatorio efectivo y que, en algunos casos, han sido vinculadas al lavado de dinero.
Un debate que llega en medio del retroceso del canal presencial
La discusión regulatoria aparece en un momento delicado para el retail de apuestas en Reino Unido, donde varios operadores relevantes ya vienen reduciendo sus redes de tiendas.
Betfred anunció en agosto el cierre de 132 locales y una reducción de más de 600 puestos de trabajo a partir de septiembre. La compañía atribuyó la decisión al aumento del Remote Gambling Duty (RGD), junto con otros factores de coste.
En una declaración citada por el medio original, la CEO Jo Whittaker explicó que la combinación de mayores contribuciones patronales a la seguridad social, inflación salarial, subidas impositivas sobre el juego e incertidumbre económica dejó a la empresa sin margen para mantener todos sus puntos de venta.
Por su parte, Evoke ya había cerrado 200 tiendas de William Hill en abril por presiones similares, mientras que Ladbrokes redujo su presencia en Irlanda tras el fracaso de conversaciones para una venta.
Desde una mirada latinoamericana, el caso británico vuelve a mostrar una tensión conocida en varios mercados: cuando se ajustan reglas de implantación territorial, licencias o fiscalidad del canal físico, el debate no se limita al control del juego, sino que también alcanza empleo, urbanismo comercial y equilibrio entre operadores regulados y oferta informal. Como siempre, la clave está en distinguir entre negocios licenciados, cumplimiento efectivo y objetivos de política pública concretos.
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