Nueva York ha presentado una demanda contra Kalshi al considerar que su actividad encaja en una operación de juego ilegal y no autorizada. El caso abre un nuevo capítulo en el choque entre los estados y las plataformas de mercados de predicción, un segmento que también impacta en el ecosistema de apuestas y regulación en Estados Unidos.
La acción judicial, anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, busca frenar la operativa de la compañía en el estado. Además, reclama la devolución de beneficios, compensaciones para consumidores presuntamente afectados y sanciones económicas que podrían multiplicar las ganancias obtenidas.
Desde el gobierno estatal sostienen que Kalshi habría ignorado la normativa local sobre juego, diseñada —según su argumento— para proteger al consumidor, limitar riesgos de ludopatía y asegurar que todos los operadores compitan bajo el mismo marco legal y fiscal.
La demanda plantea que los mercados ofrecidos por Kalshi tienen naturaleza de apuesta porque los usuarios arriesgan dinero sobre eventos inciertos que no pueden controlar. También afirma que la empresa no cuenta con licencia de la comisión estatal del juego de Nueva York, lo que le permitiría operar al margen de impuestos y exigencias que sí afrontan los casinos autorizados y las plataformas reguladas de apuestas deportivas.
Otro punto sensible del expediente es la edad mínima de acceso. Según el estado, Kalshi permite la participación de usuarios de entre 18 y 20 años, mientras que en Nueva York las apuestas deportivas móviles están reservadas a mayores de 21. Ese contraste refuerza el argumento de que existe una vía paralela al mercado regulado.
La respuesta de Kalshi fue inmediata. Su portavoz, Elisabeth Diana, calificó la demanda como una maniobra política y defendió que un estado no puede cerrar una plataforma autorizada a nivel federal. La compañía insiste en que restringir su actividad empujaría a parte de la demanda hacia operadores offshore, un punto habitual en el debate regulatorio del betting.
Kalshi y otras firmas del sector sostienen que su modelo no funciona como una casa de apuestas tradicional. Su tesis es que los usuarios negocian entre sí, de forma parecida a un mercado financiero, mientras la plataforma obtiene ingresos a través de comisiones por transacción y no mediante un modelo clásico de banca contra el jugador.
Ese argumento conecta con el núcleo jurídico del conflicto. Las plataformas de predicción defienden que la supervisión corresponde en exclusiva a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el regulador federal de derivados en Estados Unidos. Desde esa óptica, sus productos serían “event derivatives” y no apuestas deportivas convencionales.
Los estados, en cambio, replican que una parte muy relevante del volumen de negocio de estas plataformas se parece materialmente al sports betting. Por eso consideran que sí tienen competencias para intervenir, sobre todo cuando la oferta toca mercados deportivos, electorales u otros eventos de fuerte consumo masivo.
El pulso no se limita a Nueva York. En los últimos meses se han acumulado litigios en todo el país para definir si operadores como Kalshi deben tratarse como intercambios financieros federales o como negocios de juego sujetos a leyes estatales. Arizona ya presentó cargos por supuestas apuestas ilegales sobre elecciones, mientras que en Minnesota un juez federal bloqueó temporalmente una ley que pretendía prohibir estos mercados.
Para la industria de las apuestas, este frente legal resulta relevante porque pone en cuestión los límites entre betting regulado, trading de eventos y arbitraje normativo. A diferencia de una casa de apuestas tradicional, que necesita autorización estado por estado donde el betting es legal, Kalshi basa su expansión en un paraguas regulatorio federal y en una edad mínima de 18 años.
Aun así, el debate no se reduce a una cuestión técnica o competencial. Expertos en juego responsable vienen advirtiendo de que, aunque estas plataformas no se encuadren formalmente como operadores de apuestas, pueden generar dinámicas de riesgo similares en términos de frecuencia de participación, exposición a múltiples mercados y potenciales problemas de adicción.
En términos de mercado, el caso de Nueva York puede convertirse en una referencia para futuras disputas entre estados, reguladores y plataformas híbridas. Más que una discusión semántica sobre si se trata de “predicción” o “apuesta”, lo que está en juego es quién fija las reglas, quién recauda y bajo qué controles se comercializan estos productos en EEUU.
Créditos de las ilustraciones: Allison Robbert/AP
