La campaña de fiscalización contra dispositivos de juego presuntamente ilegales en México empezó a encontrar resistencia por parte de propietarios y operadores de maquinitas, en medio de dudas sobre la situación jurídica y la titularidad de miles de equipos decomisados en el Estado de México.
El eje de la discusión está en la diferencia entre las maquinitas instaladas en pequeños comercios y las máquinas electrónicas de juego que todavía funcionan en casinos con autorizaciones previas, disposiciones transitorias o amparos. Tras la reforma regulatoria de 2023, el marco mexicano endureció su postura frente a las tragamonedas y bloqueó nuevas operaciones de este tipo en casinos.
En la práctica, las autoridades suelen considerar prohibidas las maquinitas cuando están ubicadas en negocios de cercanía y permiten pagar por una partida con posibilidad de obtener un premio. A partir de ese criterio, el decomiso reciente podría derivar en litigios sobre la propiedad de cada equipo y sobre la legalidad de su explotación.
Además, hay una iniciativa legislativa que apunta a reforzar todavía más las restricciones. El 15 de abril, el diputado de Morena Pedro Miguel Haces Barba presentó un proyecto para incorporar de forma expresa la prohibición de tragamonedas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
La propuesta contempla penas de prisión de dos a cuatro años, multas, decomiso de máquinas y clausura definitiva de los establecimientos vinculados con esta actividad. Por ahora, el texto sigue pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados.
Operativo Dos de Bastos y alcance del decomiso
La acción más reciente fue el Operativo Dos de Bastos, que en julio terminó con la incautación de 3.374 maquinitas en 84 municipios del Estado de México. El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Según la versión oficial, estos equipos generaban ingresos para grupos criminales y, además, exponían a menores de edad a riesgos vinculados con el juego. Durante el operativo también se recuperaron 9,697 toneladas de monedas, con un valor estimado cercano a MXN 9 millones, unos USD 500.000 al cambio aproximado citado por la fuente.
Respuesta de los operadores
Las incautaciones llevaron a integrantes de la Unión Nacional de Maquineros (UNAMA) a manifestarse el 19 de agosto frente a la sede de la FGJEM en Toluca. El reclamo central fue la devolución de los equipos y una aclaración formal sobre los expedientes de investigación y los fiscales a cargo de los casos.
La presidenta de UNAMA, Araceli Gutiérrez Caballero, rechazó que se asocie de forma generalizada a los operadores con actividades delictivas. La dirigente sostuvo que los miembros de la organización pueden acreditar la propiedad de las máquinas mediante facturas y registros fiscales.
También pidió que las autoridades separen a los empresarios que aseguran operar de manera identificable de las personas o estructuras efectivamente relacionadas con actividades criminales.
Qué está en juego en el plano regulatorio
Más allá del decomiso puntual, el caso vuelve a poner el foco en una cuestión técnica del mercado: cómo se define cada tipo de máquina y bajo qué encuadre legal queda. Esa distinción es clave para determinar si un equipo se considera un dispositivo prohibido, una máquina amparada por permisos previos o un activo sujeto a disputa judicial.
El desarrollo del conflicto podría tener impacto en tres frentes:
- la interpretación de la reforma mexicana de 2023 sobre tragamonedas;
- los criterios de fiscalización aplicados a pequeños comercios;
- la trazabilidad documental de propiedad y operación de las máquinas decomisadas.
En ese contexto, el próximo paso probablemente se traslade a tribunales o al debate legislativo, donde se definirá si México endurece aún más el marco sobre este tipo de dispositivos o si aparecen matices sobre su tratamiento legal.
